El Poder Ejecutivo ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos intervenir como querellante en las causas que investiguen el crimen de Walter Bulacio, quien murió luego de una razia policial en 1991. Lo hizo al acatar la sentencia de 1993 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dialogamos con María del Carmen Verdú, abogada de Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional), quien no confía en el cumplimiento de una sentencia dictada hace cinco años. Según Verdú, tanto la bonaerense como la secretaría querellante están bajo el brazo de Fernández. Complicidades. El rol de los medios. Escuchá la entrevista completa acá:
