Episodio #6: María del Carmen Verdú


Cada 21 horas el Estado asesina a una persona. El dato proviene del informe 2018 de CORREPI y demuestra la sistematicidad criminal de las fuerzas de seguridad. María del Carmen Verdú, fundadora de la organización, se autodefine como militante. “Lo de abogada es un trabajo”, dice. Una conversación que pasa por Walter Bulacio, la Masacre de Budge, la mano dura con consenso social y lxs pibxs que piensan en cambiar la visera por la gorra. ¿Cuánto le debemos a la profesora de zoología que quiso obligar a Verdú a viviseccionar un sapo y despertó su activismo? 

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CORREPI: “NO VIVIMOS EN UN ESTADO DE DERECHO, CAMBIEMOS HA INSTITUCIONALIZADO UN ESTADO DE EXCEPCIÓN”

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El juez Roberto Gallardo consideró inconstitucional la aplicación del nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

Ismael Jalil, abogado e integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), explica qué significa la legalización del gatillo fácil por parte de  la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y por qué todavía no se logró una masiva movilización en las calles contra la medida como sucedió con el beneficio del 2×1 para los genocidas: “En materia de lucha antirrepresiva somos muy poquitos los que veníamos y venimos haciendo un esfuerzo muy grande para denunciar esta situación, estamos en una situación compleja de puja y de tensión donde no adquirimos la masividad que sí tuvo el 2×1; hay que recordarles a aquellos que hoy aplauden la resolución, que el manodurismo está muy lejos de resolver los problemas que expresan el conflicto social, que está detrás de todo esto, si no hubiera conflicto social, no habría necesidad de discutir estas cuestiones”.

Por otro lado, la Justicia excarceló a Axel Ezequiel y a Kevin Abraham Salomón, los dos hermanos musulmanes que habían sido detenidos por supuestos vínculos con el Hezbollah. Sus detenciones se originaron por una denuncia de la DAIA luego de un mail que recibieron de forma anónima donde se señalaba que uno de los hermanos pertenecía al Hezbollah, partido legal del Líbano, y que allí había recibido entrenamiento militar. Ismael, abogado de los hermanos, se refiere a la bochornosa detención de los jóvenes: “Durante 10 meses se esperó al G20 para hacer un allanamiento, encontrar las armas viejas del bisabuelo fallecido, detenerlos y mantenerlos presos; ha sido una burda maniobra para vender humo antes del G20, el problema es que hubo 22 días de alojamiento en una Unidad Penitenciaria para dos pibes que el delito que tienen es haber nacido en una familia musulmana”.

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PATRICIA BULLRICH LEGALIZA EL GATILLO FÁCIL

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El Gobierno Nacional estableció el nuevo reglamente para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad. La medida fue publicada el lunes 3 de diciembre en el Boletín Oficial mediante la resolución 956/2018.

La oficialización de la doctrina Chocobar establece que policías Federales, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmes y Prefectos podrán utilizar armas de fuego, por ejemplo, “para impedir una fuga” o por “resistencia a la autoridad”. También establece que no va a hacer falta que los agentes se identifiquen como pertenecientes a las fuerzas.

Además, la resolución considera como un hecho de “peligro inminente” cuando “el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal “, es decir, habilita el gatillo fácil aunque la otra persona tenga un arma de juguete.

Victoria Darraidou, Investigadora del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica la gravedad de la resolución: “Va en el sentido de la legalización del gatillo fácil, habilita la multiplicación de la violencia institucional; es muy grave invitar a la Policía a que resuelva los conflictos en la calle, los problemas de inseguridad, a los tiros”.

Por otro lado, Victoria detalla por qué la nueva normativa para el uso de armas de fuego es inconstitucional: “La ley argentina tiene incorporada estándares internacionales sobre uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, la resolución contradice cuestiones que tienen rango de ley; son situaciones que deberían estar puestas a consideración de la Justicia, no corresponde al Ministerio de Seguridad, en términos institucionales esto es grave, está atropellando la división de poderes de una República”.

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