A UN AÑO DE LAS REPRESIONES PARA DEFENDER LA REFORMA PREVISIONAL

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El 18 de diciembre de 2017 el Congreso Nacional aprobó la reforma previsional. 127 diputados y diputadas votaron a favor de cambiar la fórmula que ajusta las jubilaciones. 117 votaron en contra, 10 se abstuvieron y 2 se ausentaron.

La primera sesión para votar el proyecto se había convocado para el jueves 14 pero la alianza Cambiemos tuvo que posponer el debate ya que no habían obtenido el quórum necesario

Tanto el jueves 14 como el lunes 18 hubo una brutales represiones contra los y las manifestantes que se concentraron en las inmediaciones del Congreso. Durante la primera represión, fueron detenidas 45 personas; 40 fueron liberadas en los días siguientes.

A un año de los hechos, conversamos con Esteban Rossano y César Arakaki, detenidos en aquellas jornadas represivas.

Esteban, de 19 años, fue arrestado el jueves luego de que le plantaran piedras y panfletos en su mochila. Pasó 44 días detenido hasta que fue liberado a fines de enero; finalmente, en julio le revocaron la prisión preventiva.

César Arakaki es un militante del Partido Obrero que fue detenido junto a Dimas Ponce tras la segunda manifestación. A pesar de ser liberado a los 26 días, espera que inicie el juicio que todavía no tiene una fecha definida pero que comenzará en 2019.

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ROZANSKI: “EL REGLAMENTO DE PATRICIA BULLRICH HABILITA LA PENA DE MUERTE”

arton105894.jpgEl nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad recibió duras criticas de organismos de derechos humanos y diferentes sectores de la oposición. Además, la ministra Patricia Bullrich fue denunciada penalmente por el presunto delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. 

“Cuando se anunció que iba a salir este reglamento, nos preocupamos muchísimo porque era ilegal, acá se está habilitando la pena de muerte”, dice el ex juez federal de La Plata Carlos Rozanski, impulsor junto al ex subsecretario de Derechos Humanos Luis Alen de la denuncia contra la ministra Bullrich.

Además, el ex juez federal explica por qué el Gobierno Nacional impulsó el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego: “Su único objetivo era aplicar un modelo económico inaceptable de transferencia de recursos, de pobres a ricos,
ese tipo de modelo solo se puede implementar con represión y con ilegalidad”.

Por último, Rozanski opina sobre el fallo que absolvió a los femicidas de Lucía Pérez, la joven marplatense de 16 años: ” Leí el fallo muy detenidamente, es aberrante, no admite ninguna discusión; los tres jueces lo firmaron son indefendibles, en democracia no se pueden tener jueces que se dediquen a atacar a la víctima de esta manera”.

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CORREPI: “NO VIVIMOS EN UN ESTADO DE DERECHO, CAMBIEMOS HA INSTITUCIONALIZADO UN ESTADO DE EXCEPCIÓN”

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El juez Roberto Gallardo consideró inconstitucional la aplicación del nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

Ismael Jalil, abogado e integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), explica qué significa la legalización del gatillo fácil por parte de  la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y por qué todavía no se logró una masiva movilización en las calles contra la medida como sucedió con el beneficio del 2×1 para los genocidas: “En materia de lucha antirrepresiva somos muy poquitos los que veníamos y venimos haciendo un esfuerzo muy grande para denunciar esta situación, estamos en una situación compleja de puja y de tensión donde no adquirimos la masividad que sí tuvo el 2×1; hay que recordarles a aquellos que hoy aplauden la resolución, que el manodurismo está muy lejos de resolver los problemas que expresan el conflicto social, que está detrás de todo esto, si no hubiera conflicto social, no habría necesidad de discutir estas cuestiones”.

Por otro lado, la Justicia excarceló a Axel Ezequiel y a Kevin Abraham Salomón, los dos hermanos musulmanes que habían sido detenidos por supuestos vínculos con el Hezbollah. Sus detenciones se originaron por una denuncia de la DAIA luego de un mail que recibieron de forma anónima donde se señalaba que uno de los hermanos pertenecía al Hezbollah, partido legal del Líbano, y que allí había recibido entrenamiento militar. Ismael, abogado de los hermanos, se refiere a la bochornosa detención de los jóvenes: “Durante 10 meses se esperó al G20 para hacer un allanamiento, encontrar las armas viejas del bisabuelo fallecido, detenerlos y mantenerlos presos; ha sido una burda maniobra para vender humo antes del G20, el problema es que hubo 22 días de alojamiento en una Unidad Penitenciaria para dos pibes que el delito que tienen es haber nacido en una familia musulmana”.

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