La Mar en Coche

espabila


Deja un comentario

“LA EMERGENCIA PENITENCIARIA NO SIRVE PARA NADA”

General-Alvear-Triple-Crimen-Rodriguez_CLAIMA20151227_0067_28Durante la madrugada del domingo los tres condenados a prisión perpetua desde 2008 por el Triple Crimen de General Rodríguez se fugaron del penal de máxima seguridad de General Alvear. Se trata de Victor Schillaci y los hermanos Cristian y Martín Lanatta. Este último había denunciado en un programa de televisivo una presunta vinculación del ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, con el tráfico de efedrina y lo marcó como el autor intelectual del crimen de Sebastian Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.

Ante esta situación, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió remover a la cúpula del Servicio Penitenciario bonaerense, ordenó una investigación interna y ofreció una recompensa de 2 millones de pesos a cambio de obtener información de los prófugos. 

Roberto Cipriano es Miembro de la Comisión Provincial por la Memoria y ex Coordinador del Área de Violencia en Contexto de Encierro de PROCUVIN del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

En diálogo con La Mar en Coche, Cipriano afirmó que no es posible la fuga sin la complicidad penitenciaria y que en las medidas de Vidal hay desconocimiento y no se ve una iniciativa diferente a las anteriores gestiones: “Nadie tiene la decisión de ir a fondo, porque hay una interna dentro de la propia institución sobre el control de los negocios. No lo hicieron Ruckauf, Solá, ni Scioli. Se trata de establecer verdaderos mecanismos de control de gastos, porque hoy es una formidable caja de corrupción”.

Además explicó que Fernando Díaz, nombrado recientemente por la gobernadora bonaerense a cargo del servicio, ya lo estuvo en los gobiernos de Felipe Sola y Daniel Scioli y fue numerosas veces denunciado. Fue responsable de la masacre de Magdalena (donde murieron 33 personas) y no cumplió ninguna condena o sanción.

“Hay 35.000 personas en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Las cárceles explotan. Anualmente hay 6000 denuncias de torturas y maltratos y en la justicia no llegan a nada. Decretar la emergencia penitenciaria implica eludir controles legales, habilitar negocios formidables y profundizar la situación de vulneraciones de derechos”, afirmó Cipriano.

“Banalizar la situación implica tomar medidas para la tribuna, esto no va a provocar impacto y va a agravar la situación en las cárceles”, finalizó.

Descargar botón derecho guardar como